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COMUNICADO. En defensa de la vida exigimos la derogación de los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto

A un año de la Ruta Verde, campaña y plataforma por la despenalización legal y social del aborto, nosotras, más de 20 organizaciones e individualidades que integramos este espacio de articulación feminista, provenientes de diversos sectores sociopolíticos y territoriales de Venezuela, nuevamente nos unimos para la defensa de la vida de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes en Venezuela. 

La criminalización del aborto es una forma de violencia basada en género imperante en Venezuela dentro del Código Penal. Reiteramos que poder decidir si continuar o no una gestación es un derecho humano reconocido por el Estado en múltiples acuerdos internacionales, y que la penalización del aborto vulnera los derechos a la vida, a la salud, el derecho de las niñas, mujeres y personas gestantes a vivir una vida libre de torturas y violencias patriarcales. 

En materia de aborto, nuestro país sostiene un marco legal de interpretación inconstitucional que contraviene tratados y acuerdos internacionales, suscritos por el Estado Venezolano, respecto a garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos. 

Oficialmente, se reconoce que los abortos inseguros, practicados en un contexto de desinformación, soledad y miedo, son la tercera causa de mortalidad materna. A esto hay que sumar un importante subregistro de abortos clandestinos y la falta de estadísticas con respecto a las consecuencias sobre la salud  o tasas de morbilidad, convirtiéndose así en un problema de salud pública que no es objeto de políticas públicas.

Por otro lado, la penalización de aborto incide de forma diferenciada en el colectivo de mujeres. Las mujeres jóvenes y adultas empobrecidas y racializadas son las que padecen aún más la criminalización, la clandestinidad en condiciones inseguras, así como la estigmatización y el escarnio público. De esta manera los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto contribuyen a acentuar las desigualdades sociales y hacer más pobres y vulnerables a las mujeres y niñas. 

La despenalización y legalización del derecho al aborto es salvar vidas, es crear condiciones de justicia e igualdad; es sembrar esperanza. La despenalización del aborto no obliga a nadie a abortar y garantiza a todas las personas gestantes los derechos a la vida y la salud. Descriminalizar el derecho al aborto significa dar un paso hacia la ejecución de políticas públicas que garanticen nuestros derechos sexuales y derechos productivos. 

Por lo expuesto, subrayamos y exigimos: 

  1. Derogar los delitos sobre el aborto previstos en los artículos 430 (aborto procurado), 431 (aborto consentido), 433 (aborto agravado) y 434 (aborto por honor) del Código Penal. 
  2. Introducción y discusión del Proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, impulsado por organizaciones feministas de la Ruta Verde, en las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional durante el periodo 2022-2023. 
  3. Promover el debate público, social, local y comunitario en torno al aborto, basado en los derechos humanos, en la ética y la evidencia científica, libre de consideraciones morales y religiosas como corresponde en un Estado laico. Los delitos de aborto son solo causa de muerte y lesiones incapacitantes que sufren desproporcionadamente las/es más vulnerables. 

¡Por la defensa de la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro y acompañado para no morir, somos Ruta Verde! 

 

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FB@2x

Plataforma feminista promueve Proyecto de Ley Orgánica de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

La Ruta Verde, plataforma y campaña por la despenalización legal y social de la interrupción del embarazo en Venezuela, está en campaña nacional para promover el proyecto de Ley Orgánica de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSyDR).

Este proyecto de ley garantiza el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos para todas las personas, sin discriminaciones por razones de género, opinión política, identidad, orientación sexual o religión. Así, por primera vez en una propuesta legal nacional se incorpora la categoría de “personas con capacidad de gestar”. 

Por otro lado, este proyecto de Ley Orgánica sobre DSyDR establece una disposición derogatoria de los artículos del Código Penal Venezolano que criminalizan el derecho al aborto en nuestro país. La interrupción del embarazo en Venezuela sólo está permitida cuando la vida de la o el gestante esté en riesgo. 

Sin embargo, no existen protocolos médicos que pongan en práctica esta causal, por lo que esta es una demanda que reconoce dicho proyecto de ley. En Venezuela, el derecho al aborto no está permitido por razones de salud física, salud mental, incesto o violación. 

Asimismo, esta propuesta legislativa, que contiene seis capítulos y 18 artículos, incluye el derecho a la educación sexual integral, a la autodeterminación sexual, el derecho a la salud desde un enfoque social y el derecho a la libre asociación sexual. También incorpora el derecho a la prevención y atención de abortos inseguros, así como el derecho a la información segura. 

De la misma forma, este proyecto de ley garantiza el derecho a la detección oportuna y atención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, haciendo énfasis en las mujeres gestantes para evitar la transmisión vertical del virus. 

Actualmente, la plataforma Ruta Verde, integrada por organizaciones feministas, recoge firmas de más de 21 mil electoras y electores del padrón electoral para introducir este proyecto de ley por iniciativa popular, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Pueden encontrar el proyecto de ley en el portal web rutaverdevzla.com 

El próximo 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, a un año de esta plataforma feminista, la Ruta Verde marchará en Caracas desde la plaza Morelos, a partir de las 9am.